A vueltas con la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (y II)

En esta otra entrada, nos ocupábamos del momento inicial en el que el Juzgado de Violencia asumía las competencias en materia civil, esencialmente para tramitar y resolver divorcios, medidas provisionales o cautelares, relaciones paternofiliales y cualquier otro pleito “de trascendencia familiar”.

En la presente, vamos a hacer el camino inverso; esto es, a contestar a la pregunta de “¿hasta cuándo es competente el Juzgado de Violencia para el conocimiento de un litigio civil?”

En los supuestos de dictarse auto de sobreseimiento provisional, o sentencia absolutoria esta claro que decae la competencia del Juez de Violencia, siquiera por aplicación del art. 87 ter LOPJ, apartado 4º, que señala que  “Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente.”

Ahora bien, fuera de ese supuesto nos encontramos dos distintas corrientes respecto de la extensión de la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer al conocimiento de procesos civiles:

La primera de ellas, representada por el auto de la Audiencia Provinal de Madrid, sec. 22ª, A 5-2-2008, entre otros, que viene a señalar que, terminada la fase de instrucción, si no existieran medidas cautelares (orden de protección), o finalizado el proceso penal con sentencia firme, en el que tales medidas pasan a ser consideradas penas, acaba la competencia del Juzagdo de Violencia sobre la Mujer.

En efecto, señala el referido auto que:  “Ha de tenerse en cuenta que el nuevo artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en orden al posible conocimiento por el JVM de los procedimientos civiles expresados en el mismo,

requiere que se hayan “iniciado”

Cartoon judicial sitting(vector, CMYK)

ante el mismo actuaciones penales, o se haya adoptado una orden de protección, pero omite, de modo significativo, toda referencia a ulteriores fases del procedimiento penal, idea que se reitera en el apartado c) de tal precepto, en el que se habla de imputado, pero nunca de acusado o procesado y, mucho menos, de condenado.

En tal idea se insiste en la redacción del artículo 49 bis L.E.C., que hace referencia a la “iniciación de un procedimiento penal” o a la adopción de una “orden de protección”, pero sin mencionar ulteriores fases del procedimiento penal, lo que se reitera en su apartado número 2 y, especialmente, en el número 3 que exige que el JVM “esté conociendo de una causa penal por violencia de género “, y no que haya conocido, a los fines de poder requerir de inhibición al Juzgado de Primera Instancia que esté tramitando un procedimiento civil de los comprendidos en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y se añade, de igual modo significativo, que al correspondiente requerimiento deberá acompañarse testimonio de “la incoación de diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de admisión de la querella, o de la orden de protección adoptada” en inequívoca referencia a fases iniciales del procedimiento penal, sin ampliarla a aquellas otras en las que, tras la apertura del juicio oral, el JVM pierde su competencia para seguir tramitando las actuaciones penales, pues en otro caso no se cumpliría el requisito del conocimiento actual (“esté conociendo”).

En efecto, conforme a la citada normativa, el JVM, a salvo de los juicios de faltas, queda configurado como un órgano de instrucción, que no de enjuiciamiento, de modo tal que, una vez abierto el juicio oral, no tiene ya a su disposición las actuaciones penales. Por ello, y aunque la finalidad perseguida por la Ley es de la de otorgar unamazo justicia protección integral a la víctima de actos de violencia de género, con la asignación a un solo Juzgado de todos los procedimientos que afecten a aquélla, tal objetivo no puede cumplirse cuando, al tiempo de iniciarse el procedimiento civil, las actuaciones penales han salido ya de la esfera de actuación del JVM, o dicha causa penal ha terminado por motivos distintos.

No es descartable, sin embargo, que la polemizada mención terminológica (fase de juicio oral) obedezca a un lapsus o, en último término, a un error de transcripción, pero ello, conforme a la postura mantenida por el Tribunal Supremo, a propósito la remisión que hacía el artículo 775, antes de su reforma, al 771, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (vid Autos de 29 de abril y 3 de junio de 2003), debe encontrar su adecuado cauce de subsanación a través de los mecanismos articulados legalmente, esto es mediante su rectificación a través del Boletín Oficial del Estado, evitándose así los problemas de inseguridad jurídica que, en supuestos como el que examinamos, puede originar una posible falta de precisión técnico-jurídica en los términos utilizados en la redacción de las normas.

No obstante lo dicho, se establece una excepción, en relación con el estado de tramitación de la causa penal, en la hipótesis de haberse adoptado una orden de protección, pues, conforme se infiere de la redacción de tales preceptos, aunque ya se haya iniciado la fase de juicio oral, el JVM sigue manteniendo su competencia .

A los fines de evitar los equívocos a los que pudiera conducir la redacción, o interpretación, de una anterior resolución de esta Sala (15 de diciembre de 2006), ha de precisarse que la vigencia de la orden de protección se mantiene en tanto no se haya dejado sin efecto por el Juzgado que la adoptó, y ello con anterioridad a la definitiva culminación del procedimiento penal, o, en otro caso, se haya dado fin, por una resolución definitiva y firme, al mismo, ya sea absolutoria, lo que determinará el cese de aquella medida, ya condenatoria, en que las posibles medidas sobre alejamiento del condenado y la víctima sustituirán a las adoptadas al iprisionnicio del procedimiento, por lo que ya no existirá una orden de protección, en cuanto requisito sine qua non, a los fines de determinar la competencia del JVM, lo que conducirá al conocimiento del correspondiente asunto civil por el Juzgado de Primera Instancia.”

La otra corriente vendría reflejada por el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 12ª, A 10-9-2008. Este auto, como vemos a continuación, defiende la extensión de la competencia del Juzgado de Violencia hasta más allá incluso del momento en que se dicte sentencia condenatoria firme, pues la hace depender de la extinción de la responsabilidad criminal en los términos en que se recoge en el art. 130 C.P para la cancelación de los antecedentes penales:

“Esta Sala ha dejado expuesto en diversas resoluciones, entre otras, en Auto de fecha 7 de diciembre de 2005, que si bien la expresión juicio oral que no tiene parangón en el procedimiento civil, mientras que en el ámbito penal está arraigada como la propia de la celebración del juicio, tras los escritos de acusación pertinentes, dada la alusión contenida en el art. 49 bis punto 1 de la LEC, debe entenderse que viene referida al procedimiento civil, y al no existir una fase procedimental civil propia del juicio oral, ha de entenderse que dicho momento ha de considerarse desde que el Juez civil, tras la admisión a trámite del procedimiento planteado y dar los oportunos traslados a los sujetos de la relación jurídico procesal, convoca a juicio y ello así viene considerado conforme por interpretación mayoritariamente existente, y se sostiene por la Guía Práctica para la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género elaborada por el grupo de expertos elegidos por el CGPJ, la circular núm. 4/2005 relativa a los Criterios de Aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la violencia de género de la Fiscalía General del estado, las conclusiones alcanzadas en el II Seminario de la Formación de Jueces de Violencia sobre la mujer con competencia exclusivas celebrado en Santander los días 20 y 21 de octubre de 2005, o el Informe del Grupo de expertos en violencia doméstica y de género del CGPJ acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección integral contra la violencia de género y sugerencias de reforma legislativa que los abonan.

Sentado lo anterior, se hace preciso referir que según resulta del Informe del grupo de expertos en violencia doméstica y de género del CGPJ acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género y sugerencia de reforma legislativa que los aborda, ya referido, el límite temporal a la pérdida de la competencia de los JVM en materia civil, viene expresado por la solución interpretativa aportada por la guía del observatorio, que señala que dicho límite vendrá fijado por los plazos establecidos en el art. 130 del C.Penajuzgadol. Por tanto, si se presenta la demanda una vez se haya dictado en el procedimiento penal sentencia firme condenatoria, es competencia del juez de Violencia, pues concurren los cuatro requisitos del art. 87 ter 3. c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y será competente hasta que se produzca la extinción de la responsabilidad penal. Extinguida esa responsabilidad, recobraría la competencia la jurisdicción ordinaria, porque la competencia civil es accesoria a la penal, y ya no tendría ninguna lógica que un Juzgado de Instrucción dictara únicamente medidas civiles.”

Vemos, pues, que como en tantas otras ocasiones, las soluciones previstas en el mundo del Derecho no son matemáticas, sino que dependen del operador jurídico que pretenda aplicarlas.

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