El nuevo divorcio notarial

Una de las novedades más relevantes contenida en la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, ha sido la introducción en el Código Civil de una nueva modalidad de divorcio – o separación, si esa es la voluntad de los cónyuges –  de mutuo acuerdo que se puede tramitar (y concluir) ante un Notario, o ante el Letrado de la Administración de Justicia (antiguo Secretario Judicial). A la regulación de este novedoso divorcio vamos a dedicar esta entrada.

Lo primero que debe señalarse es que es un mecanismo de divorcio o separación pensado para el supuesto de inexistencia de “hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores.” nuevo art. 82.2 del Código Civil, supuesto en el que el divorcio habrá de realizarse ante al autoridad judicial.

El procedimiento (si se puede llamar así) es bastante sencillo, pues se limita a la manifestación inequívoca por parte de los cónyuges de su voluntad de divorciarse contenida en un convenio regulador en el que, además, habrá de contenerse las medidas que hayan de regular los efectos derivados del divorcio o separación.

Una vez presentada la propuesta de convenio regulador al Secretario Judicial, o redactada convenientemente la escritura ante Notario, los cónyuges “deben intervenir en el otorgamiento de modo personal” prestando consentimiento ante el Secretario Judicial o el Notario (art. 82 CC), redacción que parece sugerir que no businessman signing a contract se aceptarán ratificaciones mediante poder especial, como se permitía en algunos Juzgados. Ello, unido al hecho de que se excluya la posibilidad de que los funcionarios diplomáticos o consulares, en sus funciones notariales, puedan realizar tales divorcios, parece claro que obligará a los emigrados a desplazarse a España para otorgar la escritura “personalmente”.

Otro de los aspectos relevantes será el preceptivo asesoramiento legal por parte de abogado, pues han de “estar asistidos de Letrado en ejercicio“, que entendemos habrá de constar en la escritura notarial, o Decreto del Secretario, en prueba del cumplimiento del requisito, pues a eso apunta el art. 54.2 de la Ley del Notariado cuando exige que el letrado asista “en el otorgamiento de la escritura pública“.

Es inusitada la exigencia de que el hijo mayor de edad o menor emancipado que conviva en el domicilio familiar preste consentimiento también, tal y como es expresado en el art. 82 CC:  “Igualmente los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el Secretario judicial o Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar.“, y lo es porque no se exige ese mismo consentimiento en los supuestos de divorcios judiciales, por ejemplo cuando existen hijos menores concurriendo con hijos mayores, de modo que sería deseable que el legislador optara por un único sistema y lo aplicara a ambos procedimientos de divorcio consensual.

Tanto el Secretario Judicial como el Notario tendrán la obligación de valorar los derechos y deberes asumidos por las partes, de modo que si resultara gravemente perjudicial para uno de lnotario1os cónyuges o para el o los hijos mayores de edad o menores emancipados, “lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador.” (art. 90.2 CC). Sin embargo, si no existe un registro o base de datos a la que tengan acceso los Notarios, bastará con iniciar el expediente ante otro distinto del que lo denegó inicialmente.

Los efectos del divorcio se producen (y por tanto el matrimonio se haya disuelto), desde el otorgamiento de la escritura o desde la firmeza del Decreto, y las medidas serán exigibles “por la vía de apremio”, esto es, en vía judicial.

Por último, debemos señalar que nada dice la nueva regulación respecto de la posibilidad de realizar la firma ante Notarios distintos, o ante el mismo en diferentes momentos, extremos que entiendo hay que rechazar, pues en todo momento la norma habla de una única escritura, lo que sugiere la necesidad de realizar la firma en una unidad de acto, a fin de evitar supuestos como la disparidad de criterios entre distintos Notarios sobre la validez de las medidas propuestas, como la situación de interregno cuando uno de los cónyuges ha firmado y el otro no termina de acudir a estampar su firma, situación que puede llevar aparejados problemas jurídicos añadidos, por ejemplo para determinar la disolución de la sociedad de gananciales.

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