Posible naturaleza ganancial de la vivienda familiar adquirida antes del matrimonio

Nos ocuparemos en la presente entrada de determinar el régimen que le resulta de aplicación a aquellas viviendas que, adquiridas antes de contraer matrimonio, se financian mediante hipoteca cuya amortización se produce, al menos en parte, constante la sociedad legal de gananciales.

Nuestro Código Civil, si bien establece con carácter general la naturaleza privativa de los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes del matrimonio,  excluye de dicha regla general a la vivienda conyugal, como podemos observar del juego de estos dos preceptos:

Artículo 1357.

Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad tendrán siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial.

Se exceptúan la vivienda y ajuar familiares, respecto de los cuales se aplicará el art. 1.354.

Artículo 1354.

Los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas.

Del análisis conjunto de los preceptos transcritos se deduce, indubitadamente, que la vivienda adquirida antes del matrimonio, pero abonada mediante financiación hipotecaria constante la sociedad de gananciales, es propiedad en proindiviso de los cónyuges con carácter privativo, de un lado (en la parte abonada antes de contraer matrcasa 1imonio), y de la sociedad conyugal que ambos forman, por otro (en la parte de hipoteca amortizada constante dicho matrimonio).

Y ello es así aun cuando, en puridad, el precio íntegro se abone al tiempo de la firma al acudirse a financiación hipotecaria, que a su vez se amortiza una vez contraído el matrimonio, pues ambas situaciones son totalmente equiparables a estos efectos, como viene señalando pacíficamente nuestro Tribunal Supremo y siguiendo en todo caso las diferentes Audiencias Provinciales.

Y tampoco habrá de variarse la conclusión en el supuesto de que el prestamista sea exclusivamente uno de los cónyuges, pues conforme ya señalara la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de Octubre de 1.989, y las sucesivas que desde entonces han resuelto tal cuestión, ha de atenderse, no a la titularidad del préstamo, sino a la naturaleza ganancial del dinero invertido en su amortización:

“Datos fácticos relevantes y muy significativos del presente litigio son que el 28 de julio de 1975 el demandante y recurrente … compró el piso de referencia en estado de soltero, constituyendo en idéntica fecha (28 de julio de 1975) un crédito hipotecario sobre el mismo piso, adquirido con vistas al próximo enlace con la demandada y recurrida Dª …, con quien contrajo matrimonio en los meses siguientes, (…), siendo dato indiscutido del pleito, admitido y reconocido por el marido recurrente, que las amortizaciones de la hipoteca que gravaba el piso destinado a vivienda familiar fueron pagadas y hechas efectivas durante el matrimonio de ambos litigantes. (../..) El recurrente insiste por su parte en que no hamazo justiciay compraventa a plazos sino al contado y, junto a ella, constitución en estado de soltero de una hipoteca sobre dicho piso con amortizaciones del crédito hipotecario pagadas durante el matrimonio con su esposa, la demandada y hoy recurrida.” (Fundamento Jurídico Primero).

Pues bien, la misma sentencia equipara muy a las claras el pago aplazado del artículo 1.357 al préstamo hipotecario, razonando que: “Nos encontramos, pues, ante un recurso que formalmente amparado en la, más aparente que real, dualidad de contratos distintos, pretende excluir la aplicación al caso de la norma excepcional recogida en el párrafo 2.º del repetido art. 1.357 y remisión al también citado 1.354, ambos del Código Civil, evitando al efecto la calificación de compraventa a plazos y minimizando, en todo caso, el hecho ciertamente relevante de que las amortizaciones del crédito hipotecario con el que se gravó aquel piso (vivienda familiar) fueron abonadas y liquidadas constante matrimonio y a cargo del mismo, extremo este último al que hay que atribuirle las lógicas y equitativas (art. 3.2 del Código Civil) consecuencias jurídicas, acordes con el número 3.º del art. 1.357 del propio Código (“son bienes gananciales los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos”), en aras todo ello de una justicia material rectamente entendida y superadora de ciertos excesos formalistas, propiciadores incluso del fraude de ley que podría suponer entender como decisivo y determinante el hecho formal de que quien compra una vivienda familiar en estado de soltería y en vísperas de contraer matrimonio, constituyendo al propio tiempo una hipoteca sobre aquél a pagar a lo lacontratorgo de dicho matrimonio, pueda sostener, burlando el espíritu del párrafo 2.º del art. 1.357 que ese concreto bien (“vivienda y ajuar familiares”) es y sigue siendo privativo, pese a que las amortizaciones del crédito hipotecario constituido paralelamente se hagan efectivas en definitiva durante el matrimonio, resultando patentes en todo caso la equiparación a estos efectos entre dichas amortizaciones de la hipoteca y los pagos de una compraventa a plazos.”

En atención a lo expuesto, podemos afirmar que en supuestos como en el examinado al menos una parte de la vivienda familiar resultará ganancial, coincidiendo con aquél porcentaje de la misma que haya sido satisfecho mediante amortización de la hipoteca constante la sociedad legal de gananciales, y ello aun cuando en el Registro de la Propiedad consten ambos cónyuges como copropietarios en proindivoiso, por razón de que la inscripción se llevó a cabo antes de contraerse matrimonio, pues el Registro de la Propiedad no tiene virtualidad de cambiar la realidad, sino que simplemente aspira a reflejarle.

Consecuencia de ello será, a su vez, que resulte inefectivo acudir a un procedimiento de división de cosa común, si lo que se pretende es acabar con la situación de indivisión, pues asumido que al menos una parte de la vivienda objeto de análisis es de naturaleza ganancial, deberemos proseguir señalando que, en buena lógica, la extinción del proindiviso afectante a ambos cónyuges (respecto del porcentaje de la vivienda que les pertenezca privativamente) exige despachos de abogados 3una previa determinación de cuál es el porcentaje de la vivienda que es de naturaleza ganancial, determinación que habrá de realizarse por el procedimiento recogido en los arts. 806 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como habrán de realizarse mediante dicho proceso las labores de avalúo y reparto de éste y otros bienes – y deudas – gananciales, de donde derivará la ineficacia de acudir a un proceso de juicio ordinario.

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