A vueltas con la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Dispone el art. 49 Bis LEC, que:

Cuando un Juez, que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral.

El inicio del conocimiento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de un tema civil, en detrimento del Juzgado de 1ª Instancia, parece claro: el inicio de un proceso penal entre los litigantes que sea competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer determina la atracción del proceso civil a esa misma competencia, salvo que “se haya iniciado la fase de juicio oral”, expresión con la que el legislador ha causado más de un quebradero de cabeza a los profesionales del Derecho.

La expresión debatida tiene dos posibles interpretaciones: La primera, la más literal, significaría que el Juzgado de 1ª Instancia, teniendo noticia de un hecho criminoso de los comprendidos en el art. 49 Bis LEC, se inhibirá salvo que en tal proceso penal se haya dictado auto de apertura de juicio oral, extremo que podría entenderse desde la perspectiva de que ha acabado la instrucción y el Juzgado de Violencia no será ya competente para conocer del proceso penal, por lo que tampoco tiene sentido que se ocupe del civil.

La segunda interpretación de la polémica coletilla del citado artículo, pasa por hacer la ficción de que el proceso civil tiene una “fase de juicio oral”, que se iniciaría con la citación para vista, bien de medidas provisionales, bien de proceso de divorcio o de relaciones paternofiliales, entendiendohijos guarda y custodia que precluye en ese momento la fase de alegaciones (algo que sin embargo no siempre es cierto, como en el caso de las medidas, donde la contestación a la solicitud se realizará en la propia vista), de modo que una vez señalada la vista en el Juzgado Civil, éste no podrá inhibirse al Juzgado de Violencia.

A pesar de resultar tal interpretación un poco forzada, tanto desde el punto de vista estrictamente gramatical, como desde el punto de vista técnico jurídico, es ésta la que se ha acabado imponiendo en la práctica diaria, justificada por ofrecer el menor trastorno a la presunta víctima, que no se verá inmersa en un continuo peregrinar por los Juzgados a la búsqueda de unas medidas civiles que regulen su situación, si ya estaba cercana la adopción de las mismas por el Juzgado civil, que es lo que se supone que debe pasar si están las partes ya citadas a vista.

Esta interpretación resultó avalada en un principio por el Informe del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del Consejo general del Poder Judicial publicado por el C.G.P.J. en fecha 20 de abril del 2006, que precisamente abogaba por una reforma legislativa que clarificara dicha referencia al proceso civil, criterio que por lo demás ha sido compartido en los II y III Encuentros de Magistrados y Jueces de Familia y Asociaciones de Abogados de Familia.

Este mismo criterio también fue defendido por la Fiscalía General del Estado en la Circular 4/05, cuando señala que “En cuanto a la fase del proceso civil es preciso que no haya iniciado la fase del juicio oral. En el Proyecto de Ley se introdujo una limitación, no prevista inicialmente en el Anteproyecto y que se ha mantenido en la redacción final, por la que el deber de inhibición del Juez Civil se supedita a que el procedimiento civil no haya iniciado la fase del juicio oral, acogiendo las sugerencias recogidas en los informes consultivos previos, ya que los principios de oralidad, concentración e inmediación que lo rigen, tras la LEC 1/2000, imponen que sea el mismo Juez que está conociendo del juicio el que dicte sentencia y quien, por tanto, sea el funcionalmente competente para la ejecución.”, añadiendo que “deberá entenderse iniciada la fase del juicio oral, cuando el procedimiento haya llegado a la celebración de la vista prevista en el artículo 443 LEC, tras la cual el Juez debe dictar sentencia, salvo que quede pendiente prueba que no haya divorciopodido practicarse en el acto del juicio oral.  En caso de procedimiento de mutuo acuerdo o instado por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro, dada la inexistencia de juicio oral en su tramitación, habrá que entender que la comparecencia para la ratificación del convenio opera como límite equivalente al de la fase del juicio oral en los procedimientos contenciosos, ya que tras dicha comparecencia el Juez debe dictar sentencia (art. 777.6 LEC) salvo que acuerde la práctica de prueba.”

De ello derivó, finalmente, que la práctica unanimidad de las Audiencias Provinciales acogiera este criterio que, de algún modo, viene a subsanar la defectuosa técnica empleada por el legislador.

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